Ciudad Serdán, Puebla 28 Agosto 2025.–( Daniel Mendez).- Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Serdán han denunciado públicamente presuntas violaciones a los derechos humanos de al menos 17 mujeres de nuevo ingreso, quienes fueron detenidas bajo engaños en el municipio de San Martín Texmelucan.
De acuerdo con testimonios recabados, las mujeres habrían sido sacadas de un establecimiento donde laboraban, con el argumento de que serían llevadas a declarar como parte de una diligencia. Sin embargo, una vez abordaron la unidad oficial, fueron detenidas formalmente y obligadas a firmar declaraciones que, según sus familiares, no correspondían con la realidad de sus actividades laborales.
Posteriormente, las detenidas fueron trasladadas al penal de Ciudad Serdán, donde, aseguran los denunciantes, se vulneraron sus derechos desde el primer momento. Afirman que, en lugar de permanecer en la estancia de ingresos —como establece el protocolo legal hasta que se defina su situación jurídica—, fueron enviadas directamente al dormitorio “E”, conocido entre internos como “el infierno”.
Según los familiares, en ese espacio hay una alta presencia de consumo y venta de drogas, y se acusa que las internas son presionadas para consumir sustancias ilícitas. Además, responsabilizan directamente a la subdirectora del penal, identificada como Fanny, y a la directora, Liliana, por autorizar y mantener estas prácticas, señalando actos de abuso de autoridad y negligencia.
“Les están violando todos sus derechos. Aparte del engaño con el que las detuvieron, ahora las exponen a situaciones inhumanas que pueden poner en riesgo su salud y su vida. Ellas apenas ingresaron y deberían estar en observación, no en un dormitorio donde prolifera la droga”, declaró uno de los familiares, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Los denunciantes también cuestionaron las recientes declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del estado, acusándolo de maquillar la situación real del penal y brindar protección institucional a las directivas señaladas.
“La realidad que vivimos las familias no se parece en nada a lo que dicen en conferencias o comunicados. Solo están disfrazando las irregularidades con publicidad barata”, puntualizó otra de las personas afectadas.
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