*Pese a las denuncias dirigidas a la Fiscal General Iranis, tal pareciera que esta encubriendo a sus esbirros.
Puebla. Pue. 21 de agosto de 2025 (Daniel Menéndez) .-Fernando “N.”, un ex convicto que pasó nueve años en prisión por un delito que no cometió, ha denunciado ser víctima de amenazas por parte de funcionarios del Ministerio Público que fueron señalados ante instancias federales por presunto abuso de autoridad y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Según relata Fernando, su encarcelamiento fue producto de una acusación infundada y una investigación deficiente que ignoró recomendaciones federales emitidas durante el proceso judicial. Fue hasta nueve años después, tras un largo camino legal y personal, que logró comprobar su inocencia y obtener su libertad.
Durante su tiempo en reclusión, Fernando perdió a su familia y su empleo como Enfermero General en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, en lugar de rendirse, decidió estudiar la carrera de Derecho desde el penal, con el objetivo de entender su caso y poder defenderse adecuadamente.
"Estudié mi expediente, busqué asesoría y llevé mi caso a las instancias correspondientes. Fue así como logré demostrar mi inocencia", señaló en entrevista.
Una vez en libertad, acudió a organismos federales donde presentó pruebas de las irregularidades cometidas por los agentes del Ministerio Público involucrados. Estas denuncias han provocado que, según afirma, algunos de estos funcionarios le hayan enviado amenazas en un aparente intento por intimidarlo y silenciarlo.
Actualmente, Fernando está en proceso de solicitar una indemnización al Estado por los años que pasó en prisión injustamente, además de exigir justicia para los responsables de las fallas en el sistema que lo llevaron a perder casi una década de su vida.
"Lo que me pasó no se lo deseo a nadie. No sólo me quitaron la libertad, me arrebataron a mi familia, mi trabajo, mi vida. Pero no me van a callar", expresó con firmeza.
Organizaciones de derechos humanos han comenzado a seguir su caso, señalando que este tipo de situaciones revelan fallas estructurales en el sistema judicial mexicano, y la necesidad urgente de establecer mecanismos más eficaces para revisar casos de posibles errores judiciales.